Presidente de la Brigada Parlamentaria advierte millonario daño económico al Estado por encarcelamientos injustos

Presidente de la Brigada Parlamentaria advierte millonario daño económico al Estado por encarcelamientos injustos



El presidente de la Brigada Parlamentaria manifestó su preocupación por las consecuencias económicas y jurídicas que afrontará el Estado boliviano a raíz de los procesos vinculados al denominado “supuesto golpe de Estado”, señalando que durante varios años se mantuvo en la impunidad el encarcelamiento injusto de diversas autoridades y dirigentes políticos.

La autoridad indicó que gobernadores, dirigentes cívicos y exautoridades nacionales, entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez, fueron considerados presos políticos, situación que hoy comienza a revertirse. Sin embargo, advirtió que el problema principal será el resarcimiento económico del daño, derecho amparado por tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos.

“Estamos hablando de personas que estuvieron tres o cuatro años encarceladas injustamente. No se trata de tres o cuatro millones, estamos hablando de millones y millones de bolivianos que el Estado tendrá que pagar”, señaló, recordando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las instituciones internacionales establecen claramente estos mecanismos de indemnización.

En ese contexto, cuestionó quién asumirá la responsabilidad por el grave daño ocasionado al país y exigió que el Gobierno active mecanismos para que quienes promovieron estos procesos irregulares también respondan por sus actos. “No se puede simplemente encarcelar personas y luego cargarle el costo al pueblo boliviano”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que en la actualidad no se utilizan métodos violentos como en el pasado, sino que se instrumentaliza el sistema judicial a través de fiscales y jueces, lo que evidencia la urgente necesidad de una justicia verdaderamente independiente, no sometida a intereses políticos ni gubernamentales.

Finalmente, el presidente de la Brigada Parlamentaria recalcó que estos hechos deben marcar un punto de inflexión para reformar el sistema judicial y evitar que el país continúe enfrentando consecuencias económicas y sociales producto de decisiones políticas tomadas desde la justicia.