En una inspección realizada junto a la Comisión de Autonomías, una asambleísta departamental alertó sobre el creciente avance de la minería ilegal en la serranía del Kari Kari, una zona estratégica por su importancia hídrica y ambiental para la región.
La inspección se llevó a cabo en la parte posterior del Kari Kari, área donde —según criterios de ideología y geología— los cuerpos de agua filtran hacia el municipio de Potosí. La serranía compromete a cuatro municipios: Potosí, Puna, Chaquí y Caizade, de los cuales solo Potosí y Puna han emitido leyes municipales para la protección de sus reservas de agua y áreas naturales. Chaquí y Caizade aún no han desarrollado normativas similares.
Durante el recorrido, se constató nuevamente una situación calificada como “ingrata”: la multiplicación de operaciones mineras ilegales. La legisladora sostuvo que esta afirmación se sustenta en un informe remitido por la Gobernación, en el cual se detalla que las actividades mineras presentes en la zona no cuentan con licencia ambiental vigente.
Asimismo, se identificaron lagunas y cuerpos de agua contaminados, lo que incrementa la preocupación por el impacto ambiental y el riesgo para las fuentes de abastecimiento hídrico que benefician a miles de habitantes.
La asambleísta cuestionó la “indiferencia” de algunas autoridades departamentales al permitir este tipo de operaciones en un área tan sensible, e instó a asumir acciones inmediatas para preservar el ecosistema del Kari Kari y garantizar la protección del agua.
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