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La concejal municipal informó que fue notificada con una denuncia presentada en su contra por presunto uso indebido de bienes y servicios del Estado. La autoridad explicó que el Ministerio Público desestimó una primera denuncia, pero que una segunda fue aceptada, pese a que —según afirmó— no existirían fundamentos sólidos para su admisión.
La concejal recordó que en 2023, como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, impulsó una acción popular en defensa de los comunarios de Cantumarca, quienes presentaban plomo en la sangre debido a la contaminación generada por los dique de colas Laguna Pampa 1 y 2. La denuncia actual señala que no debía haber utilizado al asesor de la comisión para la elaboración de esta acción legal, argumentando que —aunque ella no fue beneficiada directamente— terceros como las autoridades originarias habrían sido favorecidos.
“Esta situación escapa de toda lógica”, manifestó, recordando que Bolivia es signataria del Acuerdo de Escazú, además de contar con la Ley 1026 y mandatos constitucionales que obligan a cualquier ciudadano a denunciar acciones que afecten la salud pública y el medio ambiente.
La concejal expresó su preocupación por las citaciones emitidas dentro del proceso, ya que entre los testigos convocados se encuentra el representante legal del dique de colas Laguna Pampa 1 y 2, quien actualmente ocupa el cargo de diputado. A su criterio, esto refleja un posible intento de amedrentamiento por las acciones legales que emprendió en defensa de la población afectada.
La autoridad ratificó que continuará defendiendo su actuación, señalando que únicamente cumplió con su labor de proteger la salud y los derechos ambientales de la ciudadanía.
