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El abogado Marco Borda, plantean la creación de una norma que permita que los bienes de personas involucradas en casos de corrupción sean transferidos directamente al Estado. Según el planteamiento, la privación de libertad por sí sola no constituye un castigo suficiente, por lo que se busca garantizar que los responsables reparen el daño económico causado a la ciudadanía.
La propuesta contempla que los bienes de funcionarios públicos que hayan incurrido en cohechos, extorsiones o cualquier tipo de enriquecimiento ilícito sean asegurados preventivamente. Esto permitiría, entre otras cosas, financiar la cobertura de gastos legales y compensar el perjuicio económico generado por su gestión.
Marco Borda señaló que la creación de esta ley sería un paso importante en la lucha contra la corrupción, asegurando que quienes se aprovechan de los recursos del pueblo boliviano enfrenten consecuencias efectivas y tangibles.
