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La Policía Boliviana ha intensificado sus investigaciones y operativos en relación con los violentos incidentes ocurridos en Llallagua, donde efectivos policiales intentaban restablecer el orden. Hasta el momento, 25 personas están siendo procesadas por este hecho, mientras las autoridades buscan desmantelar una red de financiamiento vinculada al narcotráfico y a quienes transportaron a los agresores.
Entre los implicados, se señala a Ramiro Jorge Cucho, quien habría facilitado su camioneta y vehículo particular para el traslado de individuos que generaron riesgo y causaron muertes en las filas policiales.
En las últimas acciones, se logró la aprehensión de cinco personas más, incluyendo a un francotirador identificado como Jorge Galo. Galo, según las investigaciones, se posicionó en el Cerro Colla y efectuó disparos que segó la vida de un oficial y causó lesiones graves a un capitán. Las pruebas presentadas al Ministerio Público y la Justicia han sustentado su detención.
Las otras cuatro personas aprehendidas, que poseían armamento y explosivos, han sido sometidas a medidas cautelares por delitos relacionados con la Ley 400.
Vínculos con la Minería Ilegal y Actos de Barbarie
Las investigaciones también han llevado a las autoridades hasta Cochabamba, específicamente a Tacopaya, donde se ha identificado actividad vinculada a la minería ilegal. Esta actividad habría servido como sustento y financiamiento para los actos violentos que resultaron en la muerte de un oficial de la policía boliviana.
Se ha revelado que este oficial fue brutalmente golpeado y, posteriormente, le colocaron un explosivo en el estómago. Una persona implicada en este crimen ha sido identificada como responsable material, y se encontraron prendas de vestir con sangre de la policía boliviana en su domicilio, lo que llevó a su detención preventiva por cinco meses.
Pese a un "ambiente de encubrimiento y pacto de silencio", la Policía Boliviana, a través de labores de inteligencia e infiltración, ha logrado recabar información crucial para estos avances. Las operaciones continúan en el departamento con el objetivo de llevar a todos los responsables ante la justicia.
