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Ante recientes informaciones sobre una solicitud de pago de beneficios sociales por parte del exalcalde de Potosí, un abogado municipalista local manifestó que dicho pago no corresponde legalmente, y además advirtió sobre el alto costo político que podría acarrear esta decisión para las autoridades en funciones.
Según explicó el jurista, la legislación vigente no contempla el pago de beneficios sociales a autoridades electas, ya que estas no están amparadas ni por la Ley General del Trabajo ni por la Ley N.º 2027 del Estatuto del Funcionario Público.
“El exalcalde no tiene cobertura jurídica para recibir beneficios sociales. En todo caso, lo único que podría corresponder, en términos legales, sería el pago de algún salario devengado, si existiera una deuda real por servicios efectivamente prestados”, aclaró.
No obstante, advirtió que incluso un eventual pago por concepto de salarios podría desatar críticas:
“El pueblo potosino se preguntará si se le pagará por haber hecho una buena gestión, por no haber hecho nada o, peor aún, por haber actuado en perjuicio de la ciudad”, señaló.
El abogado recordó que la gestión del exalcalde fue objeto de múltiples cuestionamientos, como la inconclusa obra del puente Pari Orcko, la construcción de un mirador sin utilidad pública, la ausencia de las prometidas fábricas de losetas, y la falta de planificación urbana, que ha dejado a Potosí con “las calles más angostas de Bolivia”.
“Desde el punto de vista jurídico ya hay una limitante, pero desde lo político, se corre el riesgo de ‘ponerse la soga al cuello’ ante la crítica ciudadana”, concluyó.
La ciudadanía potosina observa con atención las decisiones que tomen las autoridades actuales y exige que prevalezcan la legalidad, la transparencia y el respeto por los recursos públicos.
