La alcaldesa municipal, Alejandra Cibila, calificó como una “situación trágica” el escenario que atraviesa actualmente el Gobierno Autónomo Municipal, tras evidenciarse una presunta sobrepoblación de funcionarios públicos y la existencia de cobros irregulares vinculados a contratos laborales.
Según la autoridad, se identificó que se habrían realizado contrataciones excesivas utilizando partidas presupuestarias de otras áreas, lo que genera preocupación sobre la administración de recursos. Asimismo, denunció que estas prácticas estarían relacionadas con intereses políticos, señalando que algunos sectores buscarían beneficiarse mediante el cobro del 3% de aportes de funcionarios, además de otros cobros indebidos.
En ese contexto, la alcaldesa informó que se ha solicitado un informe detallado a la Secretaría de Planificación, con el objetivo de conocer el origen de las partidas utilizadas para dichas contrataciones y esclarecer responsabilidades.
Además, anunció que cualquier proceso de restablecimiento de contratos estará sujeto a una evaluación estricta y a cambios estructurales dentro del personal municipal, en base a la información que se reciba.
De manera enfática, la autoridad denunció también el presunto tráfico de espacios laborales, advirtiendo que no permitirá que se utilice el nombre del Gobierno Municipal ni su persona para realizar cobros irregulares. “No estoy realizando ningún tipo de cobro por contratos”, afirmó.
En esa línea, advirtió que cualquier funcionario —sea secretario, director o jefe— que sea sorprendido incurriendo en este tipo de actos será destituido de manera inmediata y remitido ante el Ministerio Público para su respectivo proceso legal.
Asimismo, reveló que existen denuncias sobre cobros de hasta 1.000 bolivianos a trabajadores con la promesa de ser recontratados o reincorporados, situación que fue rechazada categóricamente.
Finalmente, la alcaldesa aclaró que no se está solicitando ningún tipo de aporte económico a funcionarios dentro de su gestión, e instó a la población potosina a denunciar cualquier irregularidad. Reafirmó que estas acciones están normadas y que no se permitirá la continuidad de prácticas que vulneren la transparencia institucional.
