Potosí, Bolivia. La Sala Constitucional determinó rechazar el cronograma presentado por instituciones estatales para la preservación del Cerro Rico de Potosí, al considerar que no se ajusta a lo dispuesto en la sentencia que establece un plazo máximo de dos años para el cumplimiento de las medidas de conservación.
Según se informó, las entidades involucradas —entre ellas el Ministerio de Culturas, el Ministerio de Minería, la Gobernación y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol)— habrían presentado un plan que extendería las acciones hasta 20 años, lo cual fue calificado como “totalmente fuera de lugar” por no respetar el cronograma progresivo y responsable fijado por la resolución judicial.
La Sala Constitucional fue enfática al señalar que las sentencias deben cumplirse en los plazos establecidos y que no puede postergarse la ejecución de medidas urgentes para la protección del principal ícono patrimonial del departamento.
Asimismo, se advirtió que, en caso de no evidenciarse avances concretos en el cumplimiento de la sentencia, se remitirán antecedentes al Ministerio Público y se procederá con la congelación de cuentas personales e institucionales de las entidades responsables, conforme a las facultades legales.
Los vocales de la Sala subrayaron la necesidad de que los ministerios y demás instituciones asuman con responsabilidad su rol en la preservación del Cerro Rico, considerando que se trata de un patrimonio histórico y cultural de relevancia internacional.
Desde sectores que impulsan el cumplimiento del fallo se destacó la firmeza de la resolución, señalando que ya transcurrieron más de 100 días de gestión sin resultados visibles y que ahora corresponde ejecutar acciones concretas dentro del plazo de dos años establecido por la autoridad judicial.
