La diputada Lisa Claros denunció presuntas irregularidades en la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), señalando que gran parte de los funcionarios de confianza de la anterior gestión continuarían desempeñando funciones estratégicas y estarían impulsando la consolidación de contratos que —según afirmó— no serían beneficiosos para el país ni para el departamento de Departamento de Potosí.
De acuerdo con la legisladora, alrededor del 90% del personal de confianza vinculado a la gestión del presidente Luis Arce seguiría manejando la empresa estatal del litio, considerada estratégica para la economía nacional, en un contexto en el que el Gobierno habla de un cambio de visión económica.
Claros observó específicamente los contratos y procesos de negociación con empresas extranjeras, entre ellas la rusa Uranium One Group, la china CBC (Hong Kong CBC Investment Limited) y un consorcio australiano–alemán. Recordó que en la anterior gestión ya existió resistencia a la aprobación de acuerdos con Uranium One Group y con la firma china, por considerar que no respondían a los intereses del país.
Según la denuncia, funcionarios de YLB estarían intentando avanzar en la consolidación de estos convenios, e incluso otros adicionales, sin que se haya transparentado adecuadamente si las condiciones resultan favorables para Bolivia y particularmente para Potosí, región donde se concentran los principales recursos de litio.
En ese marco, se conoció que un consorcio australiano informó sobre la firma de un acuerdo en etapa de negociación con YLB, señalando que en diciembre de 2024 se suscribió un protocolo para avanzar hacia un contrato definitivo.
Por su parte, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, cuestionó que desde YLB se intente reactivar proyectos que anteriormente fueron rechazados por sectores de la sociedad civil, al considerar que no garantizan beneficios suficientes para el pueblo boliviano ni para el departamento productor.
Las observaciones planteadas abren nuevamente el debate sobre la transparencia, legalidad y conveniencia de los contratos vinculados a la industrialización del litio, un recurso estratégico cuyo manejo continúa generando controversia a nivel nacional y regional.
