En una evaluación de los primeros 100 días de gestión gubernamental, se señaló que los aspectos positivos superan a los negativos, aunque todavía existen desafíos importantes que deberán ser ajustados en el corto y mediano plazo.
Uno de los puntos centrales del análisis fue el levantamiento de la subvención a los combustibles, medida que —según se indicó— representaba un gasto superior a 3.500 millones de dólares anuales para el Estado. Esta decisión habría permitido acercar los precios al mercado internacional y reducir el contrabando de diésel y gasolina.
Asimismo, se destacó la eliminación o modificación de ciertos tributos, particularmente aquellos aplicados a grandes fortunas, con el argumento de incentivar una mayor inversión en el país. De igual manera, se subrayó la implementación de políticas de austeridad frente a un déficit fiscal que habría superado el 15%, planteando la necesidad de disminuir el gasto público y aumentar los ingresos estatales.
No obstante, también se mencionaron temas pendientes de discusión, como la liberación o ajuste de cargas impositivas para profesionales y otros contribuyentes, con el fin de generar un mayor alivio económico en la población.
En contraste, el levantamiento de la subvención y el consecuente incremento en los precios de los combustibles han impactado en el costo de productos de primera necesidad, lo que ha impulsado la inflación. Según el análisis presentado, la tasa inflacionaria ya habría superado el 8% en lo que va de febrero, generando preocupación ante la posibilidad de que vuelva a alcanzar niveles cercanos al 20%, como ocurrió en 2025.
Finalmente, se concluyó que, si bien existen medidas estructurales importantes en marcha, el Gobierno deberá realizar ajustes adicionales para equilibrar la estabilidad macroeconómica con la protección del poder adquisitivo de la población boliviana.
