En una reciente declaración pública, un concejal suplente del municipio de Potosí denunció que el señor Henry Próspero López, actualmente recluido en el penal de Cantumarca, está utilizando una estrategia de "victimización" para evadir sus responsabilidades legales. Según la denuncia, López no solo enfrenta tres procesos judiciales, entre ellos el de uso indebido de bienes y servicios, sino que además estaría gozando de privilegios irregulares dentro del centro penitenciario.
La denuncia también salpica directamente a la concejala Leslie Flores y a funcionarios de la Dirección de Comunicación de la Alcaldía, a quienes se acusa de utilizar recursos del Estado para fines personales y políticos.
Supuesta manipulación en el Penal de Cantumarca
El denunciante señaló que existe una preocupante manipulación del sistema judicial y del Ministerio Público para beneficiar a López dentro del penal. Afirmó que lo que se presenta como "derechos" son, en realidad, beneficios exclusivos que han generado malestar incluso entre la población carcelaria.
"El señor Henry Próspero López se está victimizando ante los medios, pero la realidad es que está cumpliendo procesos penales. Los mismos internos están denunciando actos que desconocían dentro del penal", manifestó la autoridad suplente.
Escándalo por el uso de vehículos y personal municipal
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la producción de un video institucional dentro de la cárcel. De acuerdo con los datos presentados:
Uso de Bienes: La concejala Leslie Flores habría utilizado un vehículo oficial de la Alcaldía para trasladarse al penal de Cantumarca.
Personal Público: Funcionarios de la Dirección de Comunicación habrían sido los encargados de grabar y producir el video de López, el cual ha sido difundido en diversas plataformas digitales.
Contenido Elaborado: Se cuestiona quién dio la orden para que personal pagado por el municipio realice piezas comunicacionales para un privado de libertad.
Exigencia de Responsabilidad Penal
El concejal suplente fue enfático al señalar que este caso no debe limitarse a sanciones administrativas internas. Se exige que la justicia actúe bajo la figura de responsabilidad penal contra los involucrados.
Contra Leslie Flores: Por el presunto delito de uso indebido de bienes y servicios públicos.
Contra el personal de Comunicación: Para investigar la cadena de mando que permitió el uso de equipos y tiempo laboral para esta producción.
"No es solo una falta administrativa; es un delito penal. Salen a los medios a llorar cuando saben que están cometiendo ilícitos. Tendrán que asumir las consecuencias ante la ley", concluyó el denunciante.
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