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La Dirección Departamental de la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) en Potosí, en apego a la Ley 700 "Para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato", ha redoblado sus esfuerzos para combatir la tenencia ilegal de animales silvestres en hogares potosinos. La medida busca garantizar el bienestar de estas especies protegidas y concienciar a la población sobre sus necesidades específicas de hábitat.
El coronel Montés de Pofoma, en un reciente pronunciamiento, recordó que la Ley 700 establece la prohibición de poseer animales silvestres, ya que estos requieren condiciones de vida adecuadas y no pueden adaptarse a un ambiente doméstico. "No tenemos animales silvestres que necesitan de bastante calor, bastante humedad," señaló, ejemplificando con loros o pericos, que a menudo son mantenidos de forma ilegal.
Pofoma, en coordinación con el Comando Departamental de Policía Potosí, está llevando a cabo controles en diversas calles de la ciudad para identificar y rescatar a estos animales. Asimismo, se ha hecho un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad o caso de tenencia de animales silvestres, contribuyendo así a la protección de la fauna.
Casos Recientes y Sanciones Aplicadas
El Coronel Montés detalló algunas de las acciones de Pofoma:
Rescates de Mascotas Silvestres: En los últimos meses, se logró la recuperación de un periquito y un mono silvestre, que estaban siendo mantenidos en condiciones inadecuadas.
Delitos Graves contra la Fauna: Se destacaron casos de mayor envergadura, como la caza furtiva de vicuñas en Sud Lípez, donde se encontraron evidencias de un puma disecado, carne de vicuña y plumaje de suri, lo que subraya la persistencia de actividades ilegales que atentan contra la fauna silvestre.
Atroz Asesinato de un Can en Llallagua: El caso más impactante y lamentable reciente fue el asesinato de un can en la provincia de Llallagua. Los videos evidenciaron cómo el animal fue agredido con un objeto contundente, para luego cercenarle una de sus patas y utilizarla en la preparación de alimentos. Este acto, que evidencia "desconocimiento y falta de empatía", ha llevado a la detención preventiva de dos personas en el centro de rehabilitación de la provincia, quienes enfrentan la justicia.
La Ley 700 establece penas de privación de libertad de dos a cinco años para quienes incurran en maltrato animal, dependiendo de la gravedad del delito. Las autoridades esperan la determinación final del juez en el caso de Llallagua y reafirman su compromiso de hacer cumplir la normativa para proteger tanto la fauna silvestre como los animales domésticos de la región.
