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El dirigente del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) denunció públicamente que una comisión de inspección integrada por representantes cívicos y autoridades departamentales fue obstaculizada en su intento de ingreso a la planta de industrialización de Llipi, ubicada en el sudoeste potosino.
Según relató el dirigente, la comisión —que incluía al asambleísta departamental Javaldo Flores y al ciudadano Milton Lérida— llegó a las 2:00 de la madrugada al puesto de control de la planta. Sin embargo, efectivos policiales y personal de seguridad les negaron el ingreso, señalando que no podían permitir el paso a personas que representaran a organizaciones como COMCIPO, pese a tratarse de una inspección legítima.
Durante el tiempo de espera, el dirigente afirma haber presenciado el movimiento de al menos diez tráileres que transportaban cloruro de potasio en grandes bolsas, con destino, según les indicaron informalmente, a países como Brasil y China. No se brindó información oficial sobre las cantidades exportadas, ni sobre los ingresos generados por estas operaciones ni las regalías correspondientes al departamento.
Además, se informó que empresas extranjeras de origen ruso y chino tendrían campamentos activos en la zona, lo que genera aún más preocupación entre los sectores cívicos debido a la falta de transparencia y de acceso a información clara sobre el uso de los recursos naturales del Salar de Uyuni.
COMCIPO exigirá al gobierno nacional y a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) una rendición pública de cuentas y el respeto a la participación de los representantes regionales en los procesos de fiscalización. Asimismo, advierten que, de no obtener respuestas, se evaluarán medidas de presión a nivel departamental.
