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El Diputado de C.C. Juan Jose Torrez ha expresado su preocupación por la incertidumbre jurídica y política que rodea las elecciones nacionales, luego de haberse cerrado el plazo para la presentación de alianzas y partidos el pasado 16 de abril.
En declaraciones recientes, se cuestionó duramente el rol del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), acusándolo de actuar con intereses políticos y no conforme a lo que estipula la Constitución Política del Estado (CPE). “Estamos viendo nuevamente cómo se intenta manipular la voluntad del pueblo mediante interpretaciones tendenciosas de la Constitución, algo que no se puede permitir”, señaló un vocero.
Hasta la fecha, se han presentado cuatro acciones abstractas de inconstitucionalidad contra la convocatoria a elecciones, aunque los analistas recuerdan que solo los reglamentos pueden ser objeto de este tipo de acciones, no así la convocatoria en sí misma. La demora del TCP en emitir un pronunciamiento incrementa la tensión política.
También se denunció la falta de voluntad política en la Asamblea Legislativa, donde aún no se ha convocado a sesiones para tratar reformas urgentes a la Ley 026 del Régimen Electoral, mientras que la agenda parlamentaria se enfoca en temas “de menor relevancia”.
El temor generalizado es que, en medio de una crisis económica y movilizaciones sociales crecientes, el Gobierno pueda buscar justificar medidas extremas como el cierre del Parlamento y la gobernabilidad mediante decretos supremos. Esta hipótesis ha cobrado fuerza tras las declaraciones del excomandante Juan José Zúñiga, quien denunció públicamente esta posibilidad.
Asimismo, se alertó sobre la llegada masiva de cooperativistas mineros a La Paz y el inicio de marchas desde El Alto, lo que podría derivar en una mayor confrontación social en los próximos días.
Conclusión: Los sectores sociales y políticos exhortan a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y del TCP a actuar con imparcialidad y en apego estricto a la Constitución, para garantizar procesos electorales transparentes y confiables, y evitar un escenario de mayor inestabilidad institucional.
